La transformación de la vivienda en el principal bien de inversión económica en la España del último boom inmobiliario (1997-2007), con una rentabilidad por encima de cualquier otra actividad financiera o económica, ha excluido de forma contundente su valor social. Las consecuencias han sido obvias: “Entre un 20 y un 25% de la población en España no tienen acceso a una vivienda digna, muchos de ellos ni siquiera se considera que tengan problemas de exclusión, pero lo cierto es que se les niega este derecho imprescindible para desarrollarse como personas, a pesar de estar contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución Española”.
Miloon Kothari, relator especial sobre la Vivienda Adecuada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Informe sobre España publicado en febrero de 2008.
El mismo Kothary recomendaba en 2008:
“Una de mis recomendaciones principales es que los Gobiernos en todo el mundo y, especialmente, en el caso de los Gobiernos europeos tienen que poner más énfasis para promover una vivienda accesible y alejarse de la visión de la vivienda como una mercancía. Debería verse como un derecho humano y social.”
Aun entre muchas contradicciones (como la reducción de la construcción de vivienda protegida) ahora el Gobierno Vasco saca a la luz un nuevo anteproyecto de la ley de vivienda según el cual los ciudadanos de rentas bajas podrán reclamar el derecho a exigir una vivienda ante la justicia; para saber más:
